Custodia compartida y traslado de residencia del menor: el criterio del TSJC en 2025

1. El marco legal en Catalunya

En Catalunya, las relaciones entre progenitores e hijos tras la ruptura de pareja se regulan fundamentalmente por el Libro II del Codi Civil de Catalunya (CCCat), en sus artículos 233-1 y siguientes. Los preceptos nucleares en materia de guarda son los artículos 233-10 y 233-11, que establecen el régimen de la potestat parental compartida y la guarda como expresión ordinaria de esa corresponsabilidad.

El artículo 233-10 CCCat dispone que los progenitores ejercen conjuntamente la potestat parental y que, en caso de separación, deben pactar un plan de parentalitat que regule, entre otros extremos, el lugar de residencia habitual de los hijos, la distribución del tiempo de convivencia y los mecanismos de decisión para los actos que afecten de manera relevante a su vida. El artículo 233-11, por su parte, introduce la guarda compartida como solución preferente cuando contribuye al interès superior del menor, salvo que circunstancias concretas aconsejen otra distribución.

Esta arquitectura normativa tiene una consecuencia directa sobre el traslado de residencia: si ambos progenitores comparten la guarda, ninguno de ellos puede modificar unilateralmente el lugar en que el menor vive habitualmente. El traslado que afecte a esa residencia habitual exige o bien el acuerdo expreso de ambos progenitores —que idealmente conste por escrito o se formalice mediante modificación del convenio regulador— o bien una autorización judicial obtenida previamente al desplazamiento.

A nivel procedimental, la vía para solicitar esa autorización o para oponerse a un traslado ya consumado es la modificación de medidas, regulada en el artículo 776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que habilita la revisión de las medidas adoptadas en sentencia cuando sobrevienen circunstancias nuevas de entidad suficiente para justificarla.

2. Qué se entiende por traslado que requiere autorización

No todo desplazamiento del menor activa la obligación de obtener acuerdo o autorización judicial. La distinción clave es si el traslado altera o no la residencia habitual del menor, entendida como el lugar donde el menor tiene su centro de vida estable: escuela, vínculos sociales, red familiar de apoyo.

Los tribunales catalanes han perfilado este concepto con pragmatismo. Un progenitor puede trasladarse temporalmente —por trabajo, estancias médicas o vacaciones— sin necesidad de autorización, siempre que la residencia habitual del menor no se vea afectada. La frontera se cruza cuando el desplazamiento tiene vocación de permanencia o implica el cambio del centro escolar del menor, la pérdida del domicilio habitual o el alejamiento de uno de los progenitores que hace inviable o gravemente dificultoso el mantenimiento del régimen de convivencia acordado.

Así, un traslado de Barcelona a Girona puede no requerir autorización si las circunstancias prácticas del régimen de guarda se mantienen razonablemente inalteradas. Sin embargo, un traslado de Barcelona a Madrid, o de Barcelona a Berlín, altera estructuralmente la logística de la guarda compartida y requiere, sin excepción, acuerdo o autorización judicial previa.

3. Los criterios del TSJC: qué pesan y cómo

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha consolidado en 2025 una doctrina que sitúa el interès superior del menor como criterio rector y absoluto, por encima de los intereses de cualquiera de los progenitores. Este principio, consagrado en el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor y en el artículo 3 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, obliga a los tribunales a efectuar un análisis individualizado de cada caso.

«El interès superior del menor no es un concepto abstracto que pueda resolverse mediante fórmulas generales: exige una ponderación concreta de todos los factores que inciden en su bienestar físico, emocional y relacional en el momento presente y en el futuro previsible.»

Los factores que el TSJC valora con mayor peso en los casos de traslado son los siguientes:

Motivos del traslado

El tribunal examina si la causa alegada —una oferta de trabajo en otra ciudad, la reagrupación familiar con una nueva pareja, la atención a un familiar enfermo, motivos de salud del propio progenitor— es objetiva, verificable y de suficiente entidad. Los traslados motivados por razones laborales sólidas y acreditadas reciben, en general, una valoración más favorable que los que responden a la intención de dificultar la relación del menor con el otro progenitor. El tribunal es especialmente sensible a los traslados que parecen diseñados para erosionar el vínculo del menor con el progenitor no trasladante.

Impacto en la relación del menor con el progenitor no trasladante

La factibilidad práctica de mantener una relación real y significativa con el progenitor que permanece es determinante. El TSJC ha autorizado traslados cuando el progenitor trasladante ha acreditado de forma creíble que favorecerá activamente el contacto con el otro progenitor y ha propuesto medidas concretas: ampliación de las estancias vacacionales, asunción de costes de desplazamiento, facilitación de comunicación telemática cotidiana. Por el contrario, traslados que impliquen la reducción severa del tiempo de convivencia sin propuesta compensatoria suficiente han sido denegados o han dado lugar a la modificación del régimen de guarda.

Distancia y viabilidad logística

La distancia geográfica no es un criterio automático, pero condiciona fuertemente la viabilidad del régimen de guarda compartida. Un desplazamiento a otra comunidad autónoma hace materialmente imposible el reparto semanal o quincenal habitual, lo que obliga a rediseñar el modelo de convivencia. El tribunal considera si el modelo alternativo propuesto —por ejemplo, semestres completos en lugar de semanas alternas— es realmente compatible con la estabilidad emocional del menor y con su continuidad escolar y social.

Edad y opinión del menor

La edad del menor es un factor de primera magnitud. El TSJC da valor progresivo a la opinión del menor en función de su madurez, conforme al artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996. Un menor de doce o más años tiene derecho a ser escuchado directamente por el tribunal, y su opinión —sin ser vinculante— tiene peso considerable. Los menores de corta edad son más vulnerables a la ruptura de sus vínculos de apego, lo que lleva al tribunal a ser más exigente en la justificación del traslado cuanto menor es la edad del niño.

Estabilidad del entorno social del menor

El círculo de amistades, la continuidad escolar, la relación con abuelos y familia extensa: todos estos factores integran lo que el TSJC denomina el entorno de estabilidad del menor. Un traslado que implique el cambio de colegio en mitad de un curso, la ruptura de amistades consolidadas o el alejamiento de la red familiar extensa opera en detrimento del menor y pesa negativamente en la ponderación judicial.

4. Traslado dentro de Catalunya, a otra comunidad autónoma y al extranjero

La intensidad del escrutinio judicial varía según el alcance geográfico del traslado.

Traslados dentro de Catalunya

Son los que generan menos litigiosidad cuando la distancia es moderada y la logística del régimen de guarda puede mantenerse razonablemente. Los juzgados de familia de Barcelona han resuelto en 2025 que traslados dentro del área metropolitana o a ciudades como Tarragona o Lleida no justifican, por sí solos, una modificación del régimen de custodia compartida, siempre que el progenitor trasladante adopte las medidas necesarias para garantizar la continuidad del contacto.

Traslados a otra comunidad autónoma

Exigen un examen más detenido porque, en la práctica, hacen inviable el modelo de guarda semanal o quincenal. El TSJC ha fijado que en estos casos el tribunal no solo debe valorar si el traslado es procedente, sino también diseñar activamente un nuevo régimen de convivencia que sea viable en la nueva situación geográfica. En algunos casos, la autorización del traslado va acompañada de la modificación del sistema de guarda: de compartida a monoparental con amplios periodos vacacionales para el otro progenitor.

Traslados internacionales

Son los que suscitan mayor complejidad legal. En el ámbito de la Unión Europea resulta de aplicación el Reglamento Bruselas IIb (Reglamento 2019/1111, en vigor desde el 1 de agosto de 2022), que establece un sistema de cooperación jurisdiccional para asuntos de responsabilidad parental y determina qué tribunal es competente para resolver cuando existe un elemento de internacionalidad. Si el traslado ya se ha producido y no cuenta con autorización, puede activarse el procedimiento de restitución del menor previsto en el Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, al que España se adhirió y que obliga a los tribunales del Estado de refugio a ordenar el retorno inmediato del menor a su residencia habitual anterior.

5. El proceso: antes de mudarse, qué pasos hay que seguir

La secuencia correcta cuando un progenitor en régimen de guarda compartida desea trasladar su residencia —y la del menor— es la siguiente:

1. Comunicación al otro progenitor: El primer paso es informar formalmente al otro progenitor de la intención de traslado, con suficiente antelación y por un medio que deje constancia escrita (burofax, correo electrónico con acuse de recibo, comunicación a través del abogado). La antelación razonable varía según la distancia del traslado, pero en ningún caso debe ser inferior a tres meses salvo causas de fuerza mayor.
2. Intento de acuerdo: Si el otro progenitor no se opone, ambos deben formalizar el acuerdo mediante una modificación del convenio regulador homologada judicialmente, o mediante escritura de modificación de medidas presentada ante el juzgado. Un acuerdo verbal no es suficiente y puede originar conflictos ulteriores.
3. Solicitud de autorización judicial si no hay acuerdo: Si el otro progenitor se opone o no responde, el progenitor que pretende trasladarse debe interponer una demanda de modificación de medidas ante el juzgado que dictó la sentencia o aprobó el convenio original (art. 776 LEC). La carga de la prueba recae sobre quien solicita la modificación: debe acreditar que el traslado responde a causas objetivas y que el interès del menor no resultará perjudicado.
4. Medidas cautelares: Si el otro progenitor anticipa el traslado sin autorización, puede solicitar con carácter urgente medidas cautelares para impedir el desplazamiento mientras se tramita el procedimiento principal.

El proceso judicial de modificación de medidas tiene una duración media de entre seis y doce meses en los juzgados de familia de Barcelona, aunque la fase cautelar puede resolverse en días o semanas si la urgencia está debidamente justificada.

6. Si el progenitor se traslada sin autorización: consecuencias

El traslado unilateral y no autorizado del menor es una de las conductas que los tribunales penalizan con mayor contundencia en el ámbito del derecho de familia. Las consecuencias pueden ser de tres órdenes:

Modificación del régimen de guarda

El progenitor que se traslada sin autorización incumple el convenio regulador o la sentencia de medidas. Ese incumplimiento puede ser valorado por el tribunal como una causa para modificar el régimen de guarda en favor del otro progenitor, con el argumento de que quien obstaculiza la relación del menor con el otro padre o madre no garantiza adecuadamente el desarrollo armónico del menor. El TSJC ha confirmado en varias ocasiones que el traslado unilateral es un indicio relevante de la actitud del progenitor respecto al otro, y que esa actitud incide directamente en la evaluación del interès superior del menor.

Responsabilidad por incumplimiento de resolución judicial

Si el traslado vulnera una resolución judicial en vigor —la sentencia de divorcio o el convenio homologado— el progenitor incumplidor puede ser objeto de las medidas previstas en el artículo 776 LEC: requerimiento de cumplimiento, multas coercitivas y, en su caso, atribución de la guarda al otro progenitor como medida de protección del menor.

Responsabilidad penal por sustracción de menores

En los casos más graves, el traslado no autorizado puede constituir el delito de sustracción de menores tipificado en el artículo 225 bis del Código Penal, que castiga al progenitor que, sin consentimiento del otro y sin causa justificada, sustrae o retiene al menor impidiendo el ejercicio del derecho de custodia. La pena prevista es de dos a cuatro años de prisión, y puede elevarse si el traslado es al extranjero o si el menor no es restituido en el plazo fijado judicialmente. La vía penal puede activarse de forma paralela a la civil, y la denuncia correspondiente puede presentarse inmediatamente tras producirse el traslado no autorizado.

En el plano internacional, si el menor ha sido trasladado a un Estado parte del Convenio de La Haya de 1980, el progenitor perjudicado puede solicitar la restitución a través de las autoridades centrales designadas por cada Estado, sin necesidad de interponer una demanda ordinaria en el país de destino. El procedimiento es célere —los convenios internacionales fijan plazos de resolución de seis semanas— aunque su efectividad depende de la cooperación del Estado requerido.