La sentencia 418/2026 del Tribunal Supremo condena por unanimidad a un exministro, a su asesor y al empresario que los corrompió. Pero el debate se ha centrado en que el corruptor no ingresa en prisión. Carlos Carrizosa, socio fundador del despacho, explica en Confilegal la lógica jurídica de una decisión incómoda en lo político y coherente en lo técnico.
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